Guantanamo: falta mucho terreno para cerrar la base, y disolver prisión

Apenas asumida la presidencia de Estados Unidos, Barack Obama ordenó el jueves el cierre de la cárcel Guantánamo y el fin de los tribunales de excepción, lo que quedará como un símbolo de ruptura con la era Bush, pero el recorrido para lograrlo aún está lleno de dificultades.

Unos 245 detenidos permanecen todavía en el centro de detención de Guantánamo. Obama se otorgó seis meses para tomar una decisión sobre la suerte de cada uno de ellos.

Un examen meticuloso de los motivos de su detención será realizado por un grupo de trabajo copresidido por el Departamento de Justicia y el Pentágono e integrado, entre otros, por los servicios de inteligencia. Esto conducirá a la liberación de detenidos que son inocentes, mientras se decidirá luego sobre si procesar a los que queden.

Una tercera categoría de presos debería entonces emerger: aquéllos considerados como demasiado peligrosos como para ser transferidos, pero contra quienes el gobierno no tiene suficientes pruebas, o sólo por confesiones obtenidas en interrogatorios, que son legalmente inservibles.

Para éstos, el grupo de trabajo tendrá que hallar qué "métodos jurídicos’’ permitirían mantenerlos bajo arresto.

"El decreto presenta un procedimiento y una aspiración, pero cuida preservar todas la opciones sobre la mesa y da al nuevo gobierno un margen de maniobra muy amplio’’, opina en una nota escrita Benjamin Wittes, politólogo en el Brookings Institute.

"Guantánamo plantea un problema de imagen a nuestro país’’, reconoció el domingo John McCain, ex candidato republicano a la Casa Blanca. Pero "el Presidente no presentó ningún plan (...). Considero, por mi parte, que debe haber procesos para los criminales de guerra y comisiones militares’’, dijo a Fox News.

"Podemos reformar esas comisiones’’, agregó.

Tanto asociaciones de defensa de los derechos humanos, como abogados de la defensa y algunos expertos no contemplan la posibilidad de que haya detenciones indefinidas, justificadas por la sospecha de un eventual peligro.

La revelación de que un ex detenido de Guantánamo liberado se convirtió en el número dos de Al Qaida en Yemen, ocurrida luego del anuncio del Pentágono de que unos 60 presos liberados habrían retomado las armas contra Estados Unidos, podría agudizar el debate sobre la suerte de esta tercera categoría de presos.

Otra dificultad importante consiste en que la Corte Suprema autorizó en junio pasado a los presos a apelar ante la Corte federal de Washington, lo que significa que podría ocurrir un segundo examen de los casos por la justicia civil.

Hasta ahora, de nueve casos, seis detenidos fueron declarados que estaban ilegalmente recluidos.

El martes, un juez federal postergó tres audiencias a pedido del gobierno de Obama pero, en otros casos, "los abogados de los presos podrían oponerse a semejante pedido’’, explicó a la AFP David Cynamon, quien defiende a cuatro kuwaitíes.

Por otro lado, todavía no está resuelta la acogida de los detenidos (en terceros países de quienes serán liberados y en Estados Unidos para el resto).

Demócratas y republicanos debaten actualmente en el Congreso, los unos para prometer que abrirán sus cárceles, los otros para prohibir que "peligrosos terroristas’’ sean transferidos a sus respectivos Estados o condados.

La jurisdicción que se encargará de sustituir los tribunales militares de excepción, cuya actividad fue suspendida el miércoles a pedido de Obama, es la última, aunque no la menor de las interrogantes.

Tribunales militares o cortes federales clásicas, cortes de "seguridad nacional’’ o comisiones militares enmendadas figuran entre las posibilidades.

El nuevo gobierno no excluyó ninguna de éstas opciones, a las que se oponen los abogados defensores, que querrían que los casos sean llevados ante tribunales federales, (que ya juzgaron a un centenar de terroristas en Estados Unidos) o ante cortes marciales.